La incorporación de las nuevas generaciones de tecnologías emergentes va a suponer un impulso a la calidad de los servicios que las administraciones públicas españolas prestan a ciudadanos y empresas, así como a la eficiencia en la propia gestión interna. También llevan asociados riesgos y nuevas amenazas a las que los poderes públicos deben dar respuestas para lograr un uso de la tecnología que incorpore valores éticos desde el diseño, en un marco que debe ser coordinado a nivel internacional.